El 1 de octubre de 1823, cuando Fernando VII desembarcó en El Puerto de Santa María y fue recibido por el duque de Angulema, finalizó la etapa del gobierno constitucional y comenzó un nuevo ciclo de diez años de duración, durante el cual el rey impuso el pleno ejercicio de su soberanía. La historiografía la tilda de Ominosa por ser la reacción absolutista más violenta que la de 1814.

El regreso del rey a Madrid fue lento y apoteósico (tardó cerca de mes y medio). El propio Fernando VII en su itinerario, dictado a su secretario particular en 1824, describe el clima existente: “En todas las grandes poblaciones, y a distancia de un cuarto de legua, el pueblo desenganchaba las mulas del coche y se obstinaba a ponerse a tirar de él. A nuestra llegada, y sin dar lugar a que descansásemos, se nos presentaban al besamanos y felicitaban a toda la familia real por el feliz y deseado acontecimiento de nuestra libertad, todas las clases del Estado”. El entusiasmo llegó incluso a utilizar un carro que sólo se empleaba para llevar al Santísimo Sacramento, como ocurrió en Pinto.

Fernando VII solicitó la permanencia del ejército francés en España para garantizar la estabilidad del gobierno absoluto del rey y evitar cualquier intentona liberal. A Luis XVIII, rey de Francia, le interesó que se quedaran las tropas en España porque ello supuso un fortalecimiento de la situación francesa en el exterior y mejoraron las relaciones comerciales hispano-galas.

La ocupación finalizó con la evacuación en septiembre de 1828 de las tropas francesas que estaban de guarnición en Cádiz, cuando ya la monarquía absolutista se encontraba asentada y cuando el rey podía prescindir del apoyo de un ejército extranjero.

Si se tiene en cuenta que, desde 1822, España se hallaba en estado de verdadera guerra civil, con el encono que ello comporta entre adversarios, no es difícil hacerse cargo de la situación del país a finales de 1823: los realistas vencedores esperaban, cuanto menos, reparación de los perjuicios sufridos en los años de dominio liberal y castigo de los causantes; los liberales vencidos se mostraron dispuestos a recuperar el poder y adoptaron una actitud retadora y desafiante. En los pueblos, sobre todo, los bandos familiares tomaron pretexto de las actitudes políticas para encubrir venganzas personales. Un ambiente de pasión en unos y otros hacía difícil el olvido de los agravios ajenos y tendía a endurecer y ahondar las diferencias, derivando en algunos sectores de ambos bandos hacia el fanatismo.

También se decidió la disolución del Ejército y formación de otro nuevo. Las razones dadas se basaban en que, una vez restablecido el rey en sus derechos, el Ejército, que desde la Guerra de la Independencia era excesivo, resultaba innecesario, que una reducción de los efectivos supondría una economía sustancial para la hacienda y una utilidad para la agricultura. Pero el licenciamiento de los soldados originó una intranquilidad pública que un historiador de la época describe así para la capital del reino: “Estaba Madrid absolutamente plagado de ladrones, en tales términos, que en anocheciendo iba aterrado el que se veía obligado a salir de su casa, y a toda costa procuraba regresar a ella antes de las diez, hora en que se cerraban las tiendas que eran el único auxilio y esperanza de los viandantes”.

El ámbito fiscal permaneció anclado en el Antiguo Régimen. España pasaba por tiempos difíciles. Había un ambiente de intranquilidad, una profunda división entre los españoles y, sobre todo, una penuria económica manifestada, por ejemplo, en la indigencia de la población andaluza o en el permiso a los marinos de guerra para que pudiesen alimentarse mediante la pesca por el retraso en el cobro de sus haberes.

El 18 de mayo de 1829 falleció la tercera esposa de Fernando VII, María Josefa Amalia de Sajonia. El rey aún no tenía hijos y vio inmediatamente la posibilidad de tener esa descendencia. Cinco días después del funeral se lo comunicó de manera oficial al Consejo de Ministros. A partir de ese momento el porvenir del infante Carlos, sucesor legal de Fernando VII, parecía inseguro, puesto que al no permanecer el rey viudo podría cambiar su situación si tuviera hijos. El desplazamiento en la línea de sucesión causó un cierto temor entre los realistas que hasta entonces habían cifrado sus esperanzas en el infante. Para los moderados y para los liberales, el posible nuevo matrimonio del rey planteaba una nueva situación esperanzadora en la que podría ocurrir la exclusión al trono del infante Carlos. En torno a estos dos polos se aglutinaron las tendencias políticas existentes.

Luisa Carlota de Borbón, esposa del infante Francisco de Paula, propuso como candidata al matrimonio a su hermana, María Cristina. Su juventud, veintitrés años, y el descender de una familia prolífica decidieron al rey de inmediato a su favor. El 9 de diciembre de 1829 se celebró la boda en Aranjuez y dos días más tarde la nueva reina hizo su entrada en Madrid, recibiendo una estusiasta y cariñosa acogida.

 

Infante Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII y pretendiente al trono de España

María Cristina de Borbón, reina de España entre 1829 y 1833 y regente durante la minoría de su hija, la futura Isabel II.

Por otro lado, en julio de 1830 fue derrocado el rey francés Carlos X de Borbón y se instauró la monarquía constitucional en la persona de Luis Felipe I de Orleans. El no reconocimiento diplomático del nuevo régimen por parte de Fernando VII hizo que el gobierno francés alentara las actividades de los liberales emigrados españoles. Hubo banqueros y viejos revolucionarios franceses que financiaron los viajes de los emigrados hacia la frontera. El gobierno reaccionó tomando medidas políticas y militares. Políticamente, el gobierno declaraba traidores y reos de pena de muerte a los que fueran aprehendidos con las armas en la mano en cualquier puesto del territorio español o a quienes auxiliasen con armas y municiones, víveres o dinero a los rebeldes o les favoreciesen con avisos y consejos.

Finalmente, Fernando VII reconoció a Luis Felipe I de Orleans como rey de los franceses con tal que desarmase e hiciese internar en Francia a los emigrados. El monarca francés cumplió con la condición impuesta por el gobierno español y con la misma facilidad con que habían armado a los liberales expatriados los desarmaron.

El 14 de septiembre de 1832, a la enfermedad de la gota que padecía Fernando VII se le unió un fuerte catarro que llevó a los médicos de la corte a declarar que el rey se hallaba en grave peligro de muerte. Para la sucesión de Isabel II, el gobierno pensó en que la reina María Cristina se hiciera cargo del gobierno y que el infante Carlos renunciara a sus hipotéticos derechos. Lo primero se consiguió. Para lograr lo segundo se le ofreció a Carlos la corregencia, la regencia e incluso el matrimonio de su hijo con la heredera Isabel. El infante rechazó todas las posibles soluciones porque “su conciencia le impedía reconocer una ley no aceptada por sus abuelos y su religión no le consentía privar a sus jijos de sus derechos”.

Mientras tanto, la reina se informó de la situación que podría crearse en el caso de la muerte del rey. El ambiente entre los realistas de Madrid era el de guerra civil. Entre la sucesión de su hija o evitar una guerra civil, María Cristina eligió la segunda posibilidad, para lo que se preparó un decreto que debía permanecer en secreto hasta la muerte de Fernando VII, derogando la reciente Pragmática Sanción.

Como ocurre frecuentemente, el decreto que debía haberse mantenido en secreto se convirtió en un secreto a voces, de tal forma que las noticias de la derogación sirvieron de acicate a los liberales que inmediatamente empezaron a desarrollar sus actividades y mover sus resortes con vistas a mantener la Pragmática Sanción por encima de todo. Finalmente la reina María Cristina cambió de actitud. Una vez que el rey se restableció, se llevó a cabo el plan previsto por la junta liberal, cambiando a todo el gobierno por uno nuevo. Carlos perdió con este gabinete la posibilidad de acceder directamente al tono español.

El 29 de septiembre de 1833, Fernando VII murió dejando como herencia a su hija Isabel una guerra civil que ensangrentaría el territorio español y las bases para poder establecer un nuevo régimen: el liberal.