Cuando el 19 de marzo de 1808 Fernando VII subió al trono, España contaba con diez millones y medio de habitantes. De éstos, 156.672 vivían en Madrid, una de las tres ciudades que superaban los 100.000 habitantes. Por tanto, la población española era profundamente rural y eminentemente analfabeta, a pesar del grandilocuente pasado de las universidades del Siglo de Oro. Es, por tanto, demográficamente, una sociedad rural con una mentalidad agraria.

Palacio Real, grabado José Doblado, 1800

Económicamente, ésta etapa se caracteriza por graves crisis de subsistencias, debidas a malas cosechas y acompañadas por una intensa subida de los precios, en particular en la España interior, factores ambos que no habrían de ser ajenos a la gran mortandad que acompañó a los años de crisis. El Estado tuvo que soportar también un déficit presupuestario y crecimiento de la deuda pública.

La organización política no contaba con un sistema homogéneo y gobernado desde la corte. No podemos hablar de una España centralizada desde Madrid, sino una España llena de particularismos formada por grandes unidades territoriales no vertebradas políticamente entre sí. El único elemento de unión entre todos los españoles era la figura del rey.

La población española estaba profundamente jerarquizada en tres estamentos: la nobleza, el clero y el estado llano. Los orígenes de estos estamentos estaban en la Edad Media, cuando la nobleza, a cambio de no pagar impuestos, se encargaba de la defensa de la sociedad y el clero de su instrucción, mientras que el tercer estamento, el estado llano, mantenía con los impuestos a los dos primeros.

En 1808 las funciones de los dos primeros grupos sociales habían desaparecido con la creación de los ejércitos reales y la aparición de las universidades, aunque seguían manteniendo un estatus jurídico-económico diferente del tercer estado.

Estos tres grupos sociales se repartían de forma muy desigual la posesión de la tierra, el principal capital productivo de España. Se calcula que el 5,43% de la población (la nobleza y el clero) poseía casi el 70% de las tierras laborables. Ahora bien, esas tierras no se podían enajenar ni vender por estar vinculadas, amortizadas, a títulos nobiliarios o a entidades, tanto seculares como eclesiásticas.

En la sociedad española que recibe Fernando VII, no había, por tanto, un sentimiento de pertenencia a un Estado perfectamente delimitado, sino el sentimiento de lealtad a una persona, al rey, porque a lo largo de siglos se les había enseñado la lealtad a la Corona pero no la lealtad a España. Un segundo factor de cohesión de la sociedad española es su sacralización en cuanto que los principios de la religión católica y sus máximas morales infundían la actuación o la conducta de los españoles. Se profesaba un respeto sagrado a los ritos ordenados por la Iglesia, y sus ministros eran, para la mayor parte de la sociedad, seres situados en un plano superior.

A lo largo de todo el reinado de Fernando VII hubo una lucha constante por el poder político del Estado. Por un lado, estaban aquellos con un pensamiento tradicional y conservador para los que el poder se encarnaba en el rey y que se debería de mantener como en el siglo XVIII; por otro lado, estaban los liberales con nuevas ideas surgidas en el siglo XVIII y que se plasmaron en la Revolución Francesa. Para los liberales, el poder residía en la nación.

El propio reinado de Fernando VII se divide en cuatro etapas:

Primer sexenio (1808-1814): En esta etapa tiene lugar el levantamiento popular contra el dominio napoleónico y una revolución cuando en 1810 los liberales consiguieron reunir en Cádiz, prácticamente el único lugar no ocupado por los franceses, unas Cortes no estamentales. Estos acontecimientos ocurren mientras existe una confrontación bélica que llega a internacionalizarse plenamente con la presencia de los británicos mandados por Wellington.

El levantamiento ocurrido en mayo no fue un movimiento en sí mismo revolucionario, sino una reacción de autodefensa de la población española frente a la imposición francesa de una nueva dinastía y, por tanto, de un nuevo rey, y ante la pasividad de la mayor parte de las instituciones del Antiguo Régimen. Con este levantamiento comenzó una guerra que al cabo de seis años deshizo económicamente el país.

La primera medida de las Cortes reunidas en Cádiz el 24 de septiembre de 1810 fue declarar que la soberanía residía en la nación. Por primera vez en España se implantó uno de los principios fundamentales de la ideología liberal, la asunción nacional del poder que hasta entonces había poseído el rey. Este ejercicio de poder hizo que las Cortes se dedicaran febrilmente a la expedición de las normas legales que le permitieran llevar a cabo una auténtica revolución política, social y económica y a la elaboración de un texto constitucional, promulgado el 19 de marzo de 1812, que debía ser la piedra angular del nuevo sistema.

Cortes de Cádiz

Monumento a las Cortes de Cádiz

 Hay que tener en cuenta que en el contexto en que se firma la Constitución de Cádiz, una minoría de españoles sabían leer y escribir, y con muy bajos niveles de cultura general y política. Por tanto, no había correspondencia entre el plano político, muy avanzado, y la realidad social, excesivamente anacrónica, tan anacrónica que muchos habitantes de núcleos rurales totalmente aislados conocían la existencia de la monarquía pero no el nombre del rey.

 

Plaza de San Juan de Dios durante la celebración del primer centenario de las Cortes de Cádiz

Por otro lado, comienza una división en la población culta, la que sabía leer y escribir, entre partidarios del Antiguo Régimen y del Liberalismo. Muchos ilustrados esperaban con ilusión que el nuevo rey, Fernando VII, pusiera paz a estas dos posturas. El problema radicó en que Fernando solamente era listo y su actitud no fue conciliadora, sino intransigente.

La actividad de las Cortes de Cádiz con respecto a la Iglesia no fue nunca antieclesiástica, de tal forma que en la propia constitución se afirmaba que “la religión de la nación española es y será siempre perpetuamente la católica, romana, única y verdadera”. Los liberales quisieron modernizar en aras de la racionalidad las estructuras administrativas y económicas eclesiásticas, pero estos intentos, supresión del obsoleto Tribunal de la Inquisición y, sobre todo, reforma de las comunidades religiosas, originaron una resistencia tenaz en los obispos y en gran parte del bajo clero. Al sentirse atacada, fundamentalmente en el campo económico, la Iglesia se unió a la monarquía, formando lo que ya en la época se denominaba la “Alianza del Altar y el Trono”.

Esta alianza hizo que la Iglesia desempeñara un importante papel político. En muchos lugares, la acción del gobierno no llegaba a través de los funcionarios civiles sino por medio de los párrocos o religiosos asimilados a ellos. El tradicional sermón en la misa de los domingos tenía entonces más importancia de la que actualmente posee la televisión durante un período electoral.

En cuanto al aspecto militar, el Ejército español carecía generalmente de mandos competentes, de una veteranía como la de los franceses y de una disciplina férrea como la de los ingleses. También hay que destacar que la guerra contra Francia (1808-1814) nos llevó a la ruina económica en el país. Tanto el ejército español como el francés vivía a costa de la población española. En medio del conflicto, los telares de Béjar podían haber constituido el nucleo de una temprana industrialización española. Pero fueron destruidos por los ingleses para evitar cualquier tipo de competencia.

Tras el Tratado de Valençay en 1813, Fernando VII se preparó para regresar a España donde gobernaban unos principios políticos completamente contrarios a sus convicciones absolutistas. Entra en España el 22 de marzo de 1814, y es recibido por continuas aclamaciones populares. El 12 de abril un grupo de diputados a Cortes absolutistas le presentaron el conocido como “Manifiesto de los Persas” en el que le reclamaban la vuelta al absolutismo. Finalmente, Fernando terminó por decidirse y el 4 de mayo de 1814 emite en Valencia un decreto por el que disolvía las Cortes, abolía la Constitución de 1812 y toda la labor legislativa de las Cortes de Cádiz y restablecía el absolutismo. Esta reacción era normal en las monarquías europeas donde crearon la Santa Alianza como un medio para establecer la solidaridad contra los atisbos de liberalismo y los revolucionarios.

 

Segundo sexenio (1814-1820): se caracterizó por el restablecimiento del régimen anterior sin la creación de una política programática gubernamental, junto con una decidida represión contra los liberales y afrancesados. La situación política obligó a los liberales a buscar un cambio brusco, una revolución, que hiciera caer el gobierno existente siendo el brazo ejecutor el ejército, y en especial los oficiales surgidos y formados durante la pasada guerra, que se vieron postergados y desdeñados por el rey. El intento de modificar el sistema político mediante una proclama dirigida por algunos militares recibió el nombre de “pronunciamiento”. A lo largo de todo el Sexenio absolutista se sucedieron varios intentos de pronunciamientos que fracasaron. El del 1 de enero de 1820 triunfó al ser apoyado directamente por las clases mercantiles de algunas ciudades, e indirectamente por la indolencia y dejadez gubernamental, y Fernando VII se vio obligado a reconocer los principios liberales afirmando dolidamente “marchemonos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”.

Rafael de Riego y Núñez. Capitaneó en Cabezas de San Juan el pronunciamiento que dió lugar al Trienio Liberal.

Trienio Liberal (1820-1823): durante el Trienio Liberal, hubo división entre los liberales, que poco a poco fueron formando dos grupos políticos, el “moderado” o “doceañista” y el “exaltado” o “veinteañista”, facciones que, con diferentes denominaciones, perduraron hasta bien entrado el siglo XX. 

A lo largo del Trienio Liberal el ambiente político fue adquiriendo un grado máximo de intolerancia e intransigencia que incluso llevó al exilio a liberales moderados.

La situación económica de España en 1820 era desastrosa; tanto, que para pagar a los funcionarios del Estado la Junta Provisional de 1820 debió de pedir un crédito a los comerciantes de Madrid con el aval de lo que recaudaría el gobierno en los diezmos de la Iglesia. La regulación por parte del Estado del diezmo supuso la creciente enemistad de gran parte del alto clero, concretamente de los que mayor beneficio económico obtenían, es decir, de los obispos y de gran parte de los canónigos.

Por tanto, ante una situación de inamadversión con la Iglesia, una sociedad profundamente radicalizada, un liberalismo dividido y un rey que quería recuperar sus anteriores prerrogativas, no cabe duda de que la situación de los gobiernos liberales se volvió perfectamente inestable y políticamente ineficaz.

Es por ello que las potencias europeas vieran con recelo los movimientos liberales como movimientos revolucionarios, y por tanto, decidieron enviar un ejército frances de 132.000 hombres a España. Los famosos Cien Mil Hijos de San Luis, lograron reestablecer a Fernando VII en “plenitud de sus derechos” sin encontrar resistencia ni por parte de la población, que estaba cansada del desgobierno existente y sufría las penurias de la situación económica, ni por parte de un liberalismo profundamente dividido.

Entrada en Madrid de los Cien Mil Hijos de San Luis dirigidos por el duque de Angulema.

Década Ominosa (1923-1933): siguiendo la tradición, el gobierno de Fernando VII ejecutó una fuerte represión de los elementos liberales tanto civiles como militares. Debido al fiasco producido por el ejército en 1820, Fernando VII consideró necesaria la permanencia de las tropas francesas en la Península hasta 1828.

Fernando VII llevó a cabo una actuación moderada, la cual, causó la oposición tanto de los liberales, que continuaron intentando hacer la revolución, como la de los realistas, que tacharon al entorno fernandino de criptoliberal.

Hasta ahora Fernando VII no había tenido descendencia con sus tres esposas anteriores. En 1829 se casó con su sobrina María Cristina de las Dos Sicilias. De éste matrimonio nacieron dos hijas: Isabel (1830-1904) y Luisa Fernanda (1832-1897). Hasta entonces, las mujeres no podían gobernar porque la dinastía borbónica había establecido la Ley Sálica, pero las Cortes de 1789 habían pedido que volviera a tener vigor la tradicional línea sucesoria dispuesta en las Partidas, aunque la decisión no fue promulgada. En 1830, Fernando VII decidió promulgar una pragmática sanción que ponía en vigor el acuerdo de las Cortes, con lo que quedaba descabalgado de la sucesión su hermano, Carlos María Isidro, adalid de los absolutistas, que en 1932, cuando el rey se encontraba al borde de la muerte, se negó a aceptar la sucesión de Isabel.

Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII

El peligro de una posible guerra civil hizo que en el Palacio de La Granja la reina derogara secretamente la Pragmática, pero al recuperarse el rey, la situación quedó jurídicamente como estaba desde 1830.

Esta cuestión dinástica llevaba soterrando el conflicto político entre liberales y absolutistas, entre dos sectores antagónicos de la sociedad. Políticamente, los liberales mostraron un apoyo decidido a la madre de la futura reina que todo el entorno absolutista del rey fue sustituido por elementos filoliberales, lo que permitió que a la muerte de Fernando VII los resortes del poder estuvieran en manos de liberales moderados que habían sido amnistiados poco tiempo antes y no triunfara el levantamiento absolutista que desde 1830 se estaba preparando.

Con la muerte de Fernando VII se puede decir que acaba el Antiguo Régimen en España, aunque esta finalización solamente sea de carácter político, puesto que los cambios económicos y sociales sobrevendrán durante el reinado de su hija, Isabel II.