El 5 de mayo de 1808, Fernando VII decretó una convocatoria a Cortes como medio adecuado para proporcionar los árbitros y subsidios necesarios para atender la defensa de España.

Jovellanos, que conocía el decreto de Fernando, propuso la convocatoria a Cortes. Pero la propuesta fue desestimada por un sector dirigido por Floridablanca. El tema volvió a salir en abril de 1809, pero esta vez, Jovellanos como buen ilustrado, aceptaba e incluso recomendaba convocar

Retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos por Francisco de Goya

las Cortes, pero se opuso a las ideas expuestas en el manifiesto argumentando que la plenitud de la soberanía reside en el monarca. Las Cortes quedaban convocadas para el año 1810 sin dar muchas precisiones sobre su naturaleza y atribuciones, pidiendo informes a instituciones civiles y eclesiásticas, junto con “sabios y personas ilustradas”, sobre “los puntos que se habían de tratar en las Cortes”. Se creó una Comisión que se encargó de estudiar una “consulta al país” que estuvo formada por cinco diputados presididos por Jovellanos que poseía la clara intención de orientar, controlar y dirgir un proceso político. Esta comisión se encargó de preparar los proyectos de reforma de la Administración.

 

La sesión de apertura de las Cortes, en el Teatro Cómico de la pequeña ciudad de Isla de León, actual San Fernando, se celebró con el signo de la improvisación debido a la falta de un programa político claro y delimitado de la Regencia, que había establecido un ceremonial pero que no había previsto ningún tipo de reglamento, ni la composición de la mesa presidencial, ni siquiera el orden del día que debía ser debatido.

El 24 de febrero de 1811 trasladaron las Cortes desde la Isla hasta la Iglesia de San Felipe Neri, en la ciudad de Cádiz, cuando ya había pasado la epidemia de fiebre amarilla que asoló a la población gaditana.

Oratorio San Felipe Neri, Cádiz

Interior del Oratorio

El proceso reformador que llevaron a cabo los liberales en las Cortes de Cadíz consistió en la sustitución de las estructuras sociales, económicas y políticas de la monarquía del Antiguo Régimen por las de un Estado Liberal. En definitiva, construir un nuevo régimen y promover la transformación de la sociedad.

Estas reformas políticas estableció la soberanía nacional y la división de poderes con los que se sustentaban los principios fundamentales del Estado liberal. Comenzó a tratarse el tema de la libertad de imprenta. Esto suponía quebrar el monopolio que hasta entonces había tenido la monarquía y que había ejercido utilizando al Tribunal de la Inquisición como instrumento. Pero en ningún momento fue un ataque a la iglesia.

Desde el momento en que se aprobó el decreto, se desarrolló tal fiebre por toda clase de publicaciones que no parecía sino que los españoles se hallaban atacados de la manía de escribir o que el porvenir y felicidad de la Nación sólo estribaba en el mayor número de escritos que viesen la luz. La proliferación de escritos no quiere decir que hubiera un clima de diálogo, sino todo lo contrario; la libertad de expresión escrita sirvió para radicalizar las posturas.

Las reformas políticas más importantes se llevaron a cabo mediante una Constitución política de la monarquía española que, al ser promulgada el 19 de marzo de 1812, sexto aniversario de la subida al trono de Fernando VII por el motín de Aranjuez, recibió el popular nombre de La Pepa.

La Constitución de 1812 consta de 384 artículos agrupados en diez títulos. El Título IX con un único capítulo es el De la Instrucción Pública. Se plantea un Plan General uniforme de enseñanza uniforme en todo el reino. Habla de establecer escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía donde se enseñarán a los niños a leer, escribir y contar.

En cambio, en ésta reforma, no se atrevieron a suprimir el mayorazgo, según el cual las propiedades nobiliarias vinculadas al hijo mayor pasaban todas juntas para evitar que con el reparto entre todos los descendientes se disolviera el patrimonio familiar.

La igualación social no sólo comprendía la desaparición de leyes privadas, privilegios, para los nobles, sino también para la iglesia en cuanto estamento privilegiado. El deseo de una mayor igualdad social con la supresión de las pruebas de nobleza para ingresar en las academias militares o para ocupar cualquier puesto que hasta entonces hubiera exigido distinción, y la igualdad ante la ley, el pago de los impuestos o el servicio militar.

No solamente se abolieron los señoríos eclesiásticos, sino también se incautaron sus bienes por un procedimiento indirecto: no devolver a los religiosos los edificios o conventos incautados por el gobierno del rey José, con el pretexto de necesidades de guerra.

También se prohibió que las órdenes religiosas pudieran tener dos o más casas en una misma población, y se suprimieron aquellos conventos que no contasen como mínimo con doce individuos profesos.

Por otro lado se abolió el Tribunal de la Inquisición: una institución obsoleta que había sido utilizada como tribunal de policia cultural.

En la necesidad de la reforma participan todos los políticos, cualquiera que fuese su posición ideológica, y en el caso de los liberales no se puede observar una postura antirreligiosa o laica. Por eso, las reformas religiosas que introducen los liberales van acompañadas de claras manifestaciones de religiosidad. Evocan el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritusanto. En el comienzo de la constitución establecen que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, unica verdadera. Declara a Santa Teresa de Jesús copatrona de España el 27 de junio de 1812.

Por lo que respecta a las reformas económicas, cabe destacar la libertad absoluta en el campo de las relaciones económicas. La ley agrícola permitía total libertad de cultivos, dejaba al arbitrio del productor el precio de los artículos y promovía el cercamiento de las propiedades. La ley ganadera suprimía el viejo Concejo de la Mesta y relegaba todo a la iniciativa particular. La ley de industria dejaba que cualquier ciudadano español estableciera “la fábrica, máquina o artefacto” que desease, sin necesidad de pedir permiso ni siquiera a las autoridades municipales.

Para finalizar, conviene destacar que las reformas que se llevan a cabo en Cádiz se hicieron en nombre de todos los españoles, pero sin la participación de éstos, que se hallaban o luchando contra el enemigo u ocupado por éstos.