Con la promesa de Fernando VII, el 7 de marzo de 1820, de jurar la Constitución de Cádiz y el juramento efectivo dos días más tarde, se inició el primer ensayo integral del nuevo régimen, el Trienio Liberal (1820-1823).

Fernando VII impuso una Junta Provisional cuya misión consistió en asegurar el éxito de la sublevación de signo liberal iniciada el 1 de enero en Cabezas de San Juan por parte del ejército expedicionario destinado a combatir los movimientos independentistas de las colonias americanas.

 

Busto del General Riego en Cabezas de San Juan

La Junta Provisional estuvo presidida por el cardenal Luis María de Borbón y, formada por diez personas de la confianza del pueblo, esto es, reconocidos liberales, aunque no los más relevantes.

El nuevo régimen político contó en la cúspide del poder con el rey, poco o nada dispuesto a colaborar en su implantación; el gobierno y la Junta Provisional estuvieron encargadas de realizar la transición. En este ejercicio de poder hubo relaciones muchas  veces difíciles entre las partes. En este juego de poder tomaron parte indirectamente, en la medida en que influyeron en las decisiones, las juntas provinciales, las sociedades patrióticas y el Ejército.

Las sociedades patrióticas eran reuniones de liberales en lugares públicos, normalmente cafés, donde según Bayo, “los ciudadanos, subidos sobre las sillas del café, imporvisaban arengas y peroraciones invariablemente encaminadas a celebrar el advenimiento de la libertad, a exaltar a los caudillos del levantamiento, y a combatir a todos cuantos no participaban de aquel épico entusiasmo”. Aunque en justicia no se les puede homologar con los clubes que aparecieron durante la Revolución Francesa, sin embargo, en la época fueron comparados con ellos por el radicalismo del que hacían gala muchos de sus miembros. Para evitar manifestaciones y algaradas como las ocurridas durante la estancia de Riego en Madrid, las sociedades patrióticas fueron suprimidas con el argumento de no ser necesarias para el ejercicio de la libertad.

Más influyentes que las sociedades patrióticas fueron las sociedades secretas entre las que destacó la masonería que, como reconoció en su tiempo el marqués de Miraflores, perdió su objetivo filantrópico para sustituirlo exclusivamente por el político.

Las Cortes prosiguieron el desarrollo de las reformas que quedaron inconclusas en la etapa gaditana, destacando la legislación socio-religiosa con la supresión de las vinculaciones, la prohibición a la iglesia de adquirir bienes inmuebles, la reducción del diezmo, la supresión de la Compañía de Jesús y la reforma de las comunidades religiosas. Esta ley suprimía “todos los monasterios de las órdenes monacales”, prohibía fundar nuevas casas religiosas y aceptar nuevos miembros, y al mismo tiempo, facilitaba cien ducados a todos aquellos religiosos o monjas que deseasen abandonar su orden o congregación, es decir, exclaustrarse. Como es lógico, los bienes de los conventos suprimidos y las rentas de los que quedaban que fuesen superiores a lo preciso “para su decente subsistencia” debían pasar a cubrir las necesidades del crédito público.

Los liberales buscaban con estas reformas aumentar los ingresos del Estado y quebrantar cualquier oposición religiosa a su política. En este segundo objetivo consiguieron el efecto contrario: el rey y sus partidarios decidieron hacer frente de modo activo al proceso revolucionario, de tal forma que el monarca, con el apoyo del nuncio, se negó en principio a sancionar la ley. Las escaramuzas entre Fernando VII y los liberales, tanto moderados como exaltados, fueron continuas, comenzando siempre con una actitud de firmeza por parte del rey y terminando con su claudicación.

Quizás la crisis más famosa ocurrió cuando en el discurso, escrito por Argüelles, de apertura de las Cortes, el 1 de marzo de 1821, Fernando VII introdujo un añadido, “la coletilla”, quejándose de la falta de autoridad del gobierno ante “los ultrajes y desacatos de todas clases cometidos a mi dignidad y decoro, contra lo que exige el orden y respeto que se me debe como rey constitucional”.

Las Cortes llevaron a cabo dos importantes reformas administrativas que tenían como denominador común la imposición de un centralismo mucho más exigente que el borbónico. La primera de ellas fue la división de España en 49 provincias y el robustecimiento de los correspondientes organismos, diputaciones y tesorerías, que debían permitir una mejor y mayor recaudación tributaria. La segunda fue la Ley de Instrucción Pública, que establecía las tres etapas de enseñanza que se hicieron clásicas, primaria, media y superior, fijaba en diez el número de universidades y cercenaba la autonomía universitaria, al establecer unos planes de estudio idénticos para todo el país.

A partir de octubre de 1821 se producen una serie de alzamientos y asonadas a lo largo de toda la geografía española por unos rebeldes exaltados que pedían una participación en los resortes del poder. Aunque los exaltados accedieron al poder en julio de 1822, no supieron resolver los problemas del país, porque el gobierno ni tuvo autoridad ni supo ejercerla. La falta de autoridad vino por la incapacidad de los ministros. Esta falta de autoridad se tradujo en un endurecimiento de la vida política, que adquirió las connotaciones propias del ambiente de una guerra civil con posturas irreconciliables y acciones extremistas como matanzas, deportaciones y destrucciones.

La contrarrevolución realista, que comenzó con pequeños alzamientos, terminó convirtiéndose en la primera guerra civil propiamente dicha de la historia contemporánea de España. Durante el Trienio, el rey no tuvo voluntad de entendimiento con las Cortes y con el gobierno. Además, en determinados momentos violó sus obligaciones, alterando las normas constitucionales, como el nombramiento de un capitán general para Madrid sin el preceptivo refrendo ministerial.

La impotencia de las fuerzas realistas para vencer al liberalismo, junto con la petición de ayuda hecha por Fernando VII, forzó la intervención militar extranejra. La invasión fue encomendada a Francia con los Cien Mil Hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema. El gobierno liberal esperaba, al igual que en 1808, una resistencia popular que en ningún momento se produjo, y los tres ejércitos formados precipitadamente al mando de Espoz y Mina, Ballesteros y el conde de La Bisbal se rindieron o se retiraron sin apenas combatir.

Grabado que representa la liberación de Fernando VII por el duque de Angulema

En Cádiz tuvo lugar el único combate de las tropas francesas: el asalto al poco defendido fuerte del Trocadero. El 29 de septiembre las Cortes decidieron dejar libre al rey y negociar directamente con el duque de Angulema. Con ello finalizó la segunda revolución liberal española y se abrió el último periodo de existencia del Antiguo Régimen en España.

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